El salvaje ataque que se perpetró hace unos días contra el consejero de Cultura murciano ha servido para que toda la artillería mediática y partidista del PP se ponga una vez más en marcha con toda su violencia, por el momento solo verbal cual si de un nuevo asesinato de Calvo Sotelo se tratara, una violencia que en nada está acorde con la situación española actual pero a ellos todo eso no les importa en absoluto, ellos lo que quieren, lo que buscan, es sangre sea de la forma que sea y, así, Ignacio Camacho habla de “una responsabilidad política que afecta a los que inspiran el clima de enfrentamiento civil capaz de propiciar la barbarie”; mientras Ignacio Villa se pregunta: "¿Quién está detrás de la agresión? ¿Quién ha abonado el terreno para que la violencia irrumpa contra el poder institucional?”. Las respuestas no las da –al menos José María Izquierdo, de cuyo blog tomo estas citas no las da y conste que, de haberlas mencionado el susodicho Villa, las habría expuesto- pero, teniendo en cuenta la ideología del ¿autor?, sabemos que no pasan de ser preguntas retóricas cuyos lectores saben bien a quién acusan
El aristócrata Ussía : “Esta nueva izquierda del pasado siglo que ha reinventado Zapatero no quiere ser vencida ni por las urnas”. Un editorialista de ABC dice: ““Hay muchos antecedentes de acoso violento al PP en tiempo electoral. Fuera en su día la crisis del ‘Prestige’, o fuera la intervención en Irak, la izquierda no ha dudado en recurrir a la violencia para intimidar al PP” [sic]. Carlos Dávila está llamando a la derecha a la insurrección cuando rebuzna: “A la izquierda le vale todo; la derecha escondidita, acojonadita. Permiso para respirar”. Jiménez Losantos, como no podía ser menos, sigue la misma línea y, para eso, ¿qué mejor que darnos una lección de cómo no fue la historia?: “Por desgracia, la parálisis política y la cobardía física han propiciado siempre el triunfo de la izquierda violenta. Ni el golpe del 34 ni el proceso revolucionario del 36 se habrían producido si la derecha, tras ganar las elecciones, hubiera creído en sí misma y hubiera defendido a sus votantes y, de paso, a la legalidad vigente. Pero el apocamiento, el maricomplejinismo de la derecha política no son de hoy sino de hace un siglo”. Y digo que es una lección de cómo no fue la historia por cuanto –entre otras muchas falsedades que hay en estas pocas líneas-, lo del 34 no fue un golpe sino una huelga general revolucionaria mientras que lo del 36 no fue un proceso revolucionario sino un golpe militar que, eso sí, propició el proceso revolucionario –es un decir- pero, primero fue el golpe y, más adelante, los intentos frustrados –en gran parte por la actuación del PCE- de revolución. Claro que el señorito Jiménez Losantos no termina aquí, él sigue con su insistencia en terminar con cualquier cosa que, mínimamente, huela a izquierda: “Ya sabemos lo que desde el Poder es capaz de hacer el PSOE. También desde la oposición. Habría que empezar a organizar, y para ello lo primero es debatir, la forma de evitar que un PSOE aliado al resto de
Parece muy conocido el sistema ése de que somos los de izquierda quienes una y otra vez pretendemos sacar a relucir el tema de
Pero no era de esto de lo que quería hablar sino, precisamente de esa vocinglera que han armado por un hecho, todo lo execrable que se quiera que en eso no voy a escatimar adjetivos, que en nada refleja la situación actual de España. Para ellos pareciera que el tiempo no hubiera pasado, que siguieran anclados en la primavera de 1936 cuando sus conmilitones intentaron por todos los medios, tanto legales como ilegales, de terminar con el experimento democrático de
En primer término, la violencia se desplegó alrededor de las movilizaciones iniciadas como convencionales y pacíficas, toleradas o no. Las manifestaciones de júbilo celebradas en cada rincón de la geografía española fueron pacíficas, con excepción de las de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Zaragoza y Alicante, donde se produjeron víctimas mortales; además se ocasionaron altercados con heridos en El Ferrol, Huelva, Murcia, Melilla y Ceuta. Las víctimas en todos los casos fueron manifestantes y los agresores resultaron ser adversarios y, lo más habitual, agentes de policía o militares del Ejército regular. Es decir, las movilizaciones se rompieron al intervenir grupos y personas que no participaban en ellas. El resultado de la intervención ajena no sólo consistía en la creación inmediata de heridos o muertos, sino también en el cambio de escala de la movilización, al acudir más grupos a nuevas movilizaciones, o en el efecto espiral, al ser respondida la agresión con enfrentamientos posteriores que, a su vez provocan nuevas movilizaciones y nuevas respuestas violentas. El ejemplo más espectacular sucedió en Granada, a partir de la celebración el domingo 8 de marzo de un mitin y una manifestación electorales de carácter pacífico, a los que siguió una reyerta entre falangistas y izquierdistas, con resultado de heridos, una huelga general con manifestación, más enfrentamientos entre adversarios y policía, asaltos a iglesias, sedes de partidos políticos y tiendas de comestibles y, por último, el entierro de dos obreros muertos por disparos el día 13. […] Este tipo de situaciones se repitió de manera constante en casi toda España desde el 17 de febrero hasta mediados de mayo, cuando se redujeron de manera notable las concentraciones multitudinarias. En principio, confluyeron dos clases de circunstancias en la provocación de las víctimas por parte de la policía. El derecho de manifestación al aire libre se encontró restringido por orden de los distintos ministros de la Gobernación, en virtud de considerar la movilización en la calle no un derecho reconocido y garantizado de los ciudadanos, sino una cuestión de oren público. La ocupación de la calle se constituyó en un elemento de disputa entre la autoridad y la población civil, y al margen de cierto grado de tolerancia inicial, los gobernadores civiles y la policía consideraron la movilización al aire libre un peligro potencial para el Gobierno. Al entenderse así, el control policial con el uso de las armas siempre se justificó de manera legal. Los gobernadores intentaron en muchas ocasiones desplegar acciones preventivas que disuadieran a los grupos de una movilización prohibida o de romper los acuerdos establecidos de antemano en las movilizaciones toleradas. Tropezaron, sin embargo, con la escasez de fuerzas para responder a los continuos desafíos, la precaria movilidad de las existentes y la falta de preparación técnica y política de muchos agentes. Ante la ineficacia de la prevención, la represión se convirtió en la fórmula más habitual de control policial. Y se ejerció con armas de fuego, sin que su uso indiscriminado tuviera coste político alguno para el Ministerio. Las facultades gubernativas otorgadas por la Constitución y sus leyes excepcionales, renovadas por el apoyo político de la mayoría parlamentaria, y la prioridad de la seguridad gubernamental sobre el derecho de ciudadanía, equivalían a conceder a la política un cheque en blanco a la hora de controlar el espacio público. Junto con la interferencia policial y de los adversarios, las movilizaciones pacíficas también pudieron ser origen de despliegues de actuaciones violentas cuando los “márgenes” de las concentraciones aprovechaban su celebración para realizar incendios, asaltos, hogueras y reyertas con los adversarios. Ocurría con frecuencia sin un despliegue policial de protección de las sedes de partidos, periódicos o iglesias, al estar la mayoría de los agentes vigilando la concentración pacífica y tolerada. Así, el 20 de febrero –un día en el que se extendió por media España el procedimiento, sin duda por la ausencia de gobernadores civiles en su puesto-, mientras se celebraba una manifestación tolerada por la reposición del Ayuntamiento elegido el 12 de abril de 1931 en Alicante, en otro lado de la ciudad unos individuos asaltaron el Círculo Radical, el Círculo Republicano Independiente, la sede de la Derecha Regional Valenciana, de Falange, el Círculo Católico, la imprenta del diario El Día, todo ello con el resultado de dos heridos graves, dos muertos y treinta detenidos por la policía[1].
Y, más adelante:
Quien ocupó la calle en casi todo el territorio español por medio de fuerzas especializadas en el uso de la violencia fue el Estado. A través del recurso del estado de alarma que autorizaba al Ministro de la Gobernación y a los distintos gobernadores civiles la restricción de los derechos de libre expresión, reunión, manifestación y asociación; y mediante el control policial que elevó los costes de la movilización al provocar numerosos enfrentamientos y víctimas en el lado de los desafiantes, el Gobierno pudo limitar un “exceso de movilización” en la calle que entendía perjudicial para su desempeño. En ese sentido, el Ejecutivo adquirió y aplicó un poder despótico que le permitió dominar la calle con más intensidad desde junio de 1936. Además, con la intervención directa, represiva y a veces preventiva de la policía, el Gobierno pudo “desaconsejar” a cualquier grupo político el intento de situar a sus seguidores en la calle para asaltar el Estado, ya que se enfrentaría a distintos cuerpos policiales y al Ejército regular en Madrid con la contundente violencia ya expresada durante ese período. Los distintos grupos políticos lo debieron entender así. Por eso, los partidos de la minoría parlamentaria sabían que sólo una intervención del Ejército podría contrarrestar el poder despótico del Gobierno. Esa constatación era el mayor síntoma de la debilidad política de los pequeños partidos monárquicos y de la casi desaparecida CEDA. En su lugar, el 17 de julio el Ejército comenzó a ocupar la calle[2].
Pero eso no les importó a quienes, a partir del 17 de julio, iniciaron el golpe militar que iba a terminar con el sistema representativo en España, lo mismo que no les importa a los actuales golpistas –por el momento, sólo verbales- cuando quieren hacer de un ataque a una persona el comienzo de una nueva “cruzada”. En aquel 1936, según algunos cronistas posteriores, el asesinato de Calvo Sotelo fue el principal detonante de la sublevación pero esos cronistas ignoran –o prefieren dejar en el olvido- que
El presidente [de las Cortes] Martínez Barrio explicó [el 16 de julio] que la Justicia investigaba ya los hechos (Habían sido detenidos los capitanes Gallego y Maeso, los tenientes Garrido, España, Artal, del cuerpo de Asalto, y 150 personas sospechosas de haber intervenido en la muerte de Calvo Sotelo). El ministro de Estado, Augusto Barcia, habló en tonos conciliatorios y prometió que el gobierno facilitaría todos los medios para que quienes hubieren cometido delitos los purgasen[3].
¿Qué más daba? Lo importante era justificar un golpe de Estado y criminalizar a las víctimas del mismo igual que quieren hacer ahora.
En realidad, nada ha cambiado.
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